El veto del Ejecutivo a la reforma de paridad aprobada por el Congreso del Estado en diciembre pasado fue presentado desde el viernes y responde a la intención de evitar que el tema genere un mayor enrarecimiento del clima político en San Luis Potosí, señaló el presidente de la Junta de Coordinación Política, Héctor Serrano Cortés.
El legislador explicó que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona ejerció una facultad constitucional al presentar el veto, aun cuando en el Congreso se consideraba que existían condiciones jurídicas para dar cauce legislativo a la propuesta.
Indicó que, desde el inicio, se tenía previsto que la reforma sería combatida por actores políticos con aspiraciones rumbo al proceso electoral, lo que derivó en discursos y posicionamientos que comenzaron a distorsionar el sentido original de la iniciativa y a generar especulación en el debate público.
Serrano Cortés subrayó que la decisión de regresar la propuesta al Congreso busca evitar que el tema sea utilizado con fines políticos ajenos a su intención original y que se convierta en un factor de confrontación o polarización en la entidad.
Aclaró que la reforma nunca entró en vigor, ya que no fue publicada en el Periódico Oficial del Estado, por lo que el procedimiento legislativo no se concluyó formalmente. En ese contexto, precisó que la ley no está muerta ni cancelada, sino que regresa al Congreso del Estado de San Luis Potosí para continuar su trámite legislativo.
El presidente de la Jucopo explicó que la iniciativa será turnada a comisiones, donde podrá analizarse, discutirse y, en su caso, perfeccionarse conforme al procedimiento correspondiente.
Recordó que la propuesta tuvo como origen una iniciativa presentada por el CEEPAC, con el objetivo de generar condiciones de igualdad sustantiva, tanto a nivel estatal como municipal.
Finalmente, señaló que el Congreso atenderá el veto como parte de un procedimiento institucional.