Ciudad de México.- Una iniciativa presentada en el Senado de la República plantea reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas con el objetivo de establecer medidas de protección para personas que denuncien actos de corrupción o participen como testigos en procedimientos por faltas administrativas graves.
La propuesta, impulsada por la senadora potosina Ruth González Silva, busca que quienes reporten irregularidades cuenten con mecanismos que resguarden su integridad y su situación laboral, ante el temor de posibles represalias que, en muchos casos, inhiben la denuncia de actos indebidos.
Entre los planteamientos se encuentra que las medidas de protección se determinen de acuerdo con el nivel de riesgo de cada caso y bajo criterios de confidencialidad y respeto a los derechos de las personas involucradas. También se considera la posibilidad de extender estas medidas a familiares cuando exista una situación de peligro.
Asimismo, el proyecto propone que cualquier represalia contra denunciantes —como despidos, hostigamiento o amenazas— sea considerada una falta administrativa grave, lo que permitiría iniciar procedimientos de investigación y sanción contra quienes incurran en este tipo de conductas.
La iniciativa deberá ser analizada por las comisiones correspondientes del Congreso antes de continuar con el proceso legislativo para su eventual discusión y votación.